Mónica Domínguez: “La inclusión no es solo una cuestión pedagógica, sino de derechos y de obligaciones públicas”

La directora general de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Mónica Domínguez, ha asegurado este miércoles que la inclusión “no es solo una cuestión pedagógica, organizativa o metodológica”, sino que es, sobre todo, “una cuestión de derechos, de garantías, de obligaciones públicas y de ciudadanía”.

Domínguez se ha expresado en esos términos durante la inauguración de la jornada científica ‘¿Hacia un Derecho Fundamental a la Educación Inclusiva?’, organizada por la Universidad de Oviedo en el aula magna de la Facultad de Derecho de dicho campus, a cuyos responsables ha reconocido el valor y la importancia de este tipo de iniciativas académicas y el trabajo de investigación que las hace posible.

La directora general de Evaluación y Cooperación Territorial ha considerado que

la educación inclusiva obliga a mirar el sistema educativo desde la dignidad de cada persona. “Nos invita a cambiar la pregunta: no se trata de determinar quién encaja en el sistema, sino qué debe transformar el sistema para garantizar que todo el alumnado pueda aprender, participar, convivir y desarrollarse en condiciones de igualdad real y efectiva”, ha señalado.

Tras señalar que una escuela inclusiva debe poner en primer plano a quienes encuentran más barreras y a quienes han sido históricamente situados en los márgenes, Domínguez ha aseverado que los poderes públicos son conscientes de que el reto no consiste únicamente en afirmar principios, sino convertirlos en garantías reales.

“La educación inclusiva exige políticas públicas coherentes, sostenidas y evaluables, capaces de traducir los derechos en condiciones concretas de acceso, participación, aprendizaje y convivencia”, ha afirmado al respecto.

En este sentido, ha considerado que la cooperación es imprescindible, y que la educación inclusiva exige diálogo entre administraciones, colaboración entre niveles de gobierno, participación de la comunidad educativa y compromiso compartido.

De la misma manera, ha indicado que ninguna política inclusiva puede elaborarse de espaldas a quienes viven cotidianamente las barreras del sistema. “Una política pública sobre inclusión debe construirse desde la escucha y participación del alumnado, las familias, el profesorado, los servicios de orientación, los profesionales de apoyo, las administraciones educativas, las universidades, las entidades sociales y la sociedad civil”.

La directora general de Evaluación y Cooperación Territorial ha asegurado que, desde esa convicción, el Ministerio está elaborando el Plan Estratégico de Educación Inclusiva, “concebido como una hoja de ruta y un compromiso ético, social y político para avanzar hacia un sistema educativo capaz de garantizar la presencia, la participación, el bienestar y el aprendizaje de todo el alumnado”.