El proyecto de Ley que baja las ratios y fija un tope legal a la jornada lectiva de los docentes continúa su tramitación parlamentaria

• La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha intervenido en el debate de totalidad del proyecto de Ley este jueves en el Congreso de los Diputados
• La titular de Educación ha defendido que se trata de una ley que el profesorado lleva años reclamando

El proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, para establecer una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario continúa su tramitación parlamentaria después de que el Congreso de los Diputados haya rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por dos grupos parlamentarios.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, que ha intervenido en el debate de totalidad este jueves, ha manifestado que se trata de una ley que el profesorado lleva años reclamando y que, por ello, forma parte de la “apuesta decidida” del Gobierno por la educación pública.

La titular de Educación ha recordado el compromiso lanzado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que esta sería la legislatura del profesorado y ha dicho que hoy “estamos cumpliendo esa palabra”. “Este proyecto responde a lo que la propia Ley Orgánica de Educación establece, que las condiciones en las que trabaja el profesorado son un factor esencial de la calidad de la enseñanza y los poderes públicos tienen la obligación de mejorarlas”, ha indicado.

En materia de jornada lectiva, el proyecto establece para el profesorado de los centros públicos un máximo de 23 horas semanales en educación Infantil, Primaria y Especial, y de 18 horas en el resto de las enseñanzas. De esta forma, ha precisado la ministra, “el profesorado tendrá más tiempo para planificar, para coordinar la atención individualizada al alumnado, para trabajar en equipo con otros docentes, con los profesionales de apoyo y con las familias”.

La ley también actúa en materia de ratios en los centros sostenidos con fondos públicos, y establece un máximo de 22 alumnos por aula en educación Primaria y de 25 en ESO. “Numerosas investigaciones muestran que aulas más pequeñas hacen que el alumnado participe más, compensan en parte las desigualdades de origen y hacen que cada alumno se sienta más incluido y valorado”, ha expuesto la ministra entre otras ventajas de esta reducción.

Todo ello se aplicará siguiendo un calendario gradual desde el curso 2027-2028 hasta la plena implantación en el curso 2031-2032, coincidiendo con la caída demográfica que se viene produciendo desde 2009.

“La educación pública de un país vale lo que valen sus docentes, y estos valen lo que el sistema es capaz de ofrecerles”, ha destacado Milagros Tolón, que ha asegurado que esta ley mejora el sistema educativo de forma concreta y equitativa.

La ministra ha expresado su confianza en que el trámite parlamentario permita enriquecer todavía más el texto gracias a las aportaciones de todos los grupos.