El Gobierno aprueba el anteproyecto de Ley que baja las ratios y fija un tope legal a la jornada lectiva de los docentes

• La norma establece un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales computará como dos plazas
• El documento contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en el resto de enseñanzas
• Además, contempla la creación de un índice de vulnerabilidad socioeconómica que servirá para identificar aquellos centros que presentan una situación de especial complejidad

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en primera vuelta el anteproyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, para establecer una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario. El objetivo es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada.

En relación con las ratios, se reduce el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEEs) computará como dos plazas.

Existe un consenso generalizado de que cuando se reduce el número de alumnos por aula se favorece la atención del alumnado, la aplicación de los principios básicos de la educación inclusiva y la atención a la diversidad, además de que reduce la carga laboral del profesorado y, por tanto, mejora el bienestar docente. Además, favorece una mayor individualización de la atención educativa, innovación y adaptación vinculada al contexto social y cultural.

El documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas. De manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.

El Gobierno hizo una recomendación a las comunidades autónomas en 2019 respecto a las ratios, pero no todas lo adoptaron, por eso ahora con este APL se fija una regulación máxima legal de horas para garantizar homogeneidad en todo el territorio nacional.

Este anteproyecto de Ley refuerza la equidad, la inclusión educativa y el bienestar docente, y garantiza la cohesión del sistema educativo desde el respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas.

El calendario de aplicación prevé que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado NEEs entren en vigor en el curso 2026/2027. Las nuevas ratios comenzarán a implantarse progresivamente: en el curso 2027/2028 en Infantil y Primaria; en 2028/2029 en Secundaria; y en 2029/2030 en Bachillerato, alcanzando su plena aplicación en el curso 2031/2032.

El texto del anteproyecto de Ley continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva como proyecto de Ley y su remisión a las Cortes Generales. Durante la tramitación, el texto será sometido a negociación con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas.

Medidas adicionales

Este Ministerio está trabajando con el INE para el desarrollo de un índice de vulnerabilidad socioeconómica. Este índice servirá para identificar aquellos centros que, por diferentes circunstancias, como el tipo de alumnado o la ubicación, presentan una situación de especial complejidad. El índice es una fórmula matemática que a partir de diferentes variables (como el contexto socioeconómico del hogar, entre otros) establecerá el grado de vulnerabilidad de cada estudiante.

Este anteproyecto de Ley contempla que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la Ley se desarrollarán recursos como este para esa tipología de centros educativos.

Además, el Gobierno establecerá, mediante norma reglamentaria, las ratios para las demás enseñanzas no obligatorias y los criterios que permitan determinar los centros en los que, por razones sociales o educativas, sea necesario aplicar reducciones adicionales.