El Gobierno aprueba el proyecto de Ley que baja las ratios y fija un tope legal a la jornada lectiva de los docentes

• La norma establece un máximo de 22 alumnos por aula en Primaria (frente a los 25 actuales) y de 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales computará como dos plazas

• En cuanto al profesorado, el documento contempla un máximo de 23 horas lectivas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en el resto de enseñanzas

• Ahora el texto se remitirá al Congreso para su tramitación parlamentaria

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, en segunda vuelta el ya proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 4/2019, de 7 de marzo, para establecer una reducción del número máximo de alumnos por aula y una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario. El objetivo es corregir las desigualdades detectadas entre autonomías y mejorar las condiciones de trabajo del profesorado, así como conseguir una atención más individualizada.

“Dijimos que esta iba a ser la legislatura del profesorado y hoy verán que lo estamos cumpliendo”, ha trasladado la ministra durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que ha recalcado que esta reforma parte de una convicción profunda y compartida: “Si mejoramos las condiciones de nuestros docentes, mejoramos la educación de nuestro país, y eso significa mejorar las oportunidades de nuestros niños, niñas y jóvenes”.

En relación con las ratios, se reduce el número máximo de alumnos por aula: 22 en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (frente a los 30 actuales). En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) computará como dos plazas.

El documento fija, con carácter general, la jornada lectiva semanal del profesorado en 23 horas en Infantil, Primaria y Educación Especial, y en 18 horas en el resto de enseñanzas. De manera excepcional, y por necesidades de organización, podrá alcanzarse un máximo de 20 horas, compensadas con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.

El Gobierno hizo una recomendación a las comunidades autónomas en 2019 respecto a las ratios, pero no todas lo adoptaron, por eso ahora con este proyecto de Ley se fija una regulación máxima legal de horas para garantizar homogeneidad en todo el territorio nacional.

Este proyecto de Ley refuerza la equidad, la inclusión educativa y el bienestar docente, y garantiza la cohesión del sistema educativo desde el respeto al ámbito competencial de las comunidades autónomas.

La ministra ha destacado que el hecho de que cada docente tenga menos estudiantes que atender, o que comparta la atención a esos alumnos con otro profesor o profesora, “mejorará sin duda la calidad de la docencia y el tiempo con el que se cuenta para trabajar con cada estudiante”. “Es una apuesta por dar más tiempo al profesorado para preparar mejor sus clases, para atender a su alumnado y para desarrollar su trabajo en condiciones dignas”, ha añadido.

Estas medidas se implantarán, desde la entrada en vigor de la ley y de forma progresiva, con el objetivo de que estén plenamente en marcha en el curso 2031-32.

Milagros Tolón ha recordado que el proyecto aprobado es fruto del acuerdo y el diálogo con la comunidad educativa, por lo que cuenta con un amplio consenso entre el profesorado y el conjunto de la comunidad educativa, pasando por el Consejo Escolar del Estado, que dictaminó favorablemente el documento. “No es una decisión unilateral, es un avance compartido”, ha señalado.

El próximo paso es la remisión del documento al Congreso para su tramitación parlamentaria, sobre lo que la ministra ha expresado su confianza en que las Cortes Generales “sabrán estar a la altura”.

Milagros Tolón ha indicado que además de este proyecto de Ley, el Ministerio está trabajando para mejorar la calidad de la enseñanza y las condiciones del profesorado en materia de competencias profesionales docentes, sistemas selectivos e ingreso en la función pública docente, formación permanente del profesorado, y en la reducción de la carga burocrática mediante la puesta en marcha de una IA soberana, entre otras medidas.

“Nuestros docentes no son solo una pieza más del sistema, son su columna vertebral, quienes sostienen cada día el presente y el futuro de nuestro país”, ha sostenido la ministra.