Bienestar y protección

Con el objetivo de consolidar y expandir la línea de bienestar emocional trazada en 2022, el Programa de cooperación territorial de Bienestar y Protección en los centros educativos avanza para situar el bienestar general y la protección de la infancia y la adolescencia en el centro de la acción educativa, erigiéndose como el pilar fundamental para potenciar el desarrollo integral, el éxito académico y la resiliencia del alumnado en las aulas.

En este sentido, organismos como la UNESCO y la Comisión Europea impulsan un cambio de paradigma para transitar de la mera instrucción a un enfoque integral de centro educativo. Este modelo concibe la escuela como un ecosistema protector basado en la seguridad, la inclusión, la convivencia positiva y la prevención de violencias como el acoso escolar.

En España, el marco jurídico establecido por la Ley Orgánica 3/2020 (LOMLOE) y la Ley Orgánica 8/2021, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) ha consolidado este enfoque mediante la creación de la figura del coordinador o coordinadora de bienestar y protección en los centros educativos. Este profesional actúa como un agente dinamizador y un eje estratégico central para planificar la prevención, detectar riesgos y coordinar intervenciones con otros sectores. No obstante, y pese a los avances desde 2022, la evaluación del programa de cooperación territorial de Bienestar Emocional en el ámbito educativo, realizada en 2025, revela retos importantes, como la falta de tiempo específico para el ejercicio de las funciones asignadas a la coordinación de bienestar y protección y la insuficiente formación tanto de quienes asumen esta responsabilidad como del resto del profesorado.

El objetivo actual exige pasar de la sensibilización a la práctica mediante herramientas operativas y protocolos claros frente a situaciones de desprotección o desamparo emocional, prevención de violencias o conductas autolíticas. Para lograrlo, es fundamental que los centros educativos cuenten con personal especializado formado en derechos humanos y de la infancia, igualdad, prevención de discursos de odio, resolución de conflictos o detección precoz ante situaciones de vulnerabilidad emocional. En definitiva, el nuevo Programa de Cooperación Territorial busca potenciar el liderazgo del coordinador o coordinadora de bienestar y protección para transformar las escuelas en entornos seguros y comprometidos con el cuidado pleno del alumnado.

Los objetivos del programa son:

1. Facilitar la liberación del horario lectivo de los coordinadores o coordinadoras de bienestar y protección de los centros educativos o, en su caso, ampliar dicha liberación.
2. Aumentar y/o reforzar los recursos humanos para la intervención en el campo de la promoción del bienestar emocional a través de la incorporación de asesoras/es o profesionales específicos.
3. Desarrollar actuaciones formativas destinadas a coordinadores o coordinadoras de bienestar y protección.
4. Desarrollar actuaciones formativas dirigidas al profesorado y a los servicios de inspección de educación, para la mejora de la convivencia, la prevención de las violencias, la protección de la infancia y la adolescencia y la promoción del bienestar del alumnado.

Para ejecutar la inversión destinada al programa, que se ha duplicado con respecto a los años anteriores, se establece la cooperación territorial con las administraciones educativas de las comunidades autónomas. En este marco, la Conferencia Sectorial de Educación, previa autorización del Consejo de Ministros, aprueba los requisitos, criterios de distribución territorial de la financiación y seguimiento de la ejecución. Todo ello queda regulado en la Resolución de 11 de junio de 2026, de la Secretaría de Estado de Educación, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación de 3 de junio de 2026, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por comunidades autónomas destinados al Programa de cooperación territorial de Bienestar y Protección en los centros educativos, en el ejercicio presupuestario 2026.

Las administraciones educativas de las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, gestionarán los fondos que le correspondan para implementar las actuaciones de este programa de acuerdo con la siguiente distribución: